InnovaSocial, programa de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, ha celebrado su quinta sesión de formación del año 2020, dirigida a las entidades sociales de la Red.
La sesión ha tratado sobre Transparencia en las entidades sociales y ha sido presentada por Javier Fernández Valdivielso, Director General de Fundación Caja Navarra, quien ha hecho especial inciso en la importancia de la política de transparencia y buen gobierno, asociada a una correcta política de comunicación. Además, ha puesto de manifiesto la importancia de un código ético, de valores y compromiso por parte de todos los participantes de cualquier entidad.
Para profundizar sobre este tema, InnovaSocial ha contado con la ponente Ana Morilla, experta en fortalecimiento institucional, mejora de gestión, transparencia y buen gobierno, que ha expuesto los aspectos positivos que conlleva una acertada política de transparencia: impulsa nuestros valores constitucionales, combate la corrupción, es una necesidad social y es motor de la gobernanza. Una buena gestión de la misma implica participación ciudadana abierta a la sociedad, en el caso de los gobiernos o a nuestros destinatarios, en el caso de entidades sociales.
Según ha destacado la experta, a pesar de que la ley sobre Transparencia y Buen Gobierno de España no ha sido especialmente ambiciosa, es uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad. Por eso la experta ha reflexionado sobre la importancia de abordar este tema por parte de las organizaciones.
En lo que respecta a entidades sociales, la ley de transparencia, sin ser en muchos casos obligatoria, sí es absolutamente necesaria. Implica unos resultados muy positivos en cuanto a credibilidad y confianza; es la palanca para mejorar la gestión y la proyección de nuestra imagen institucional. Y esto se traduce en confianza social “todo lo que se mide se puede mejorar, lo que no se mide, se degrada”.
Son varios los elementos clave de una buena política de transparencia: proyección web (contenidos, comunicación e imagen de marca); Interrelación coherente; política articulada (protocolo de actualización, ya que lo que no está en la web no tiene calado social); código ético y de buen gobierno (documento de autorregulación); publicación de datos; derecho de acceso.
Asimismo, se ha compartido que existen criterios unificados sobre transparencia y buen gobierno en lo que a entidades sociales se refiere (sello Lealtad, AEF…) que se rigen por: Misión clara; planificación, seguimiento e impacto; órganos de gobierno; financiación diversificada y transparente; control sobre el uso de fondos; sostenibilidad financiera; comunicación veraz; voluntariado formado y participativo y cuestiones normativas.
Por todo ello, es conveniente, además que tanto entidades públicas como privadas tengan un plan de prevención de riesgos penales y establezcan controles para ello: Identificar riesgos; aprobación por parte de los órganos de gobierno; impulsar la formación dentro de la organización y contar con un órgano independiente de vigilancia; que estén actualizados y supervisados y tenga un canal y protocolo de denuncias.
Para implantar una correcta política de transparencia es necesario hacerlo de forma gradual, contar con un portal de transparencia donde se refleje claramente misión, valores y normativa, organización y gobierno, información económica y controles, actividades, estrategia y resultados, así como el derecho de acceso a la información.
